Como todo récord mundial, se necesita esfuerzo y dedicación, ya qua al liderato no se accede por casualidad. Se han tenido que dedicar ímprobos esfuerzos para que los precios da la electricidad en nuestro país sean los mas caros del mundo industrializado.
La clase política, lejos del papel que le corresponde, y con independencia de la formación a la que pertenezca el Gobierno de la nación, ha arrimado al hombro junto a las "familias" dominantes en el sector eléctrico para conseguir la proeza de figurar en el informe de la consultora National Utility Service (NUS) qua señala a España como el país más caro por sus costes de energía eléctrica.
No solo se ha conseguido este récord Guinness, sino que la liberación del mercado eléctrico se ve como una parodia nacional al más puro estilo del cine de Berlanga.
Los precios se han resistido a bajar a pasar da la liberalización del sector y las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno trapicheando con las tarifas. En casi todos los países que recoge el informe NUS, el precio de la electricidad desminuyó, destacando los descensos tarifarios en Suecia con un 20,37%, Dinamarca con un 15,57% o Italia con un 12,05%.
Por al contrario, la tarifa eléctrica española no ha variado a la baja, todo lo contrario desde 2008 se ha incrementado en más del 50%.
La codicia de las compañías eléctricas no tiene fin, no satisfechas en su lloriqueo perpetuo persisten que el próximo 30 de marzo se le de una vuelta de tuerca más a la tarifa y ponen toda la carne en el asador con el fin de esgrimir su fuerza intimidatoria. Estos angelitos se atreven a pronunciar: Es que esto no se arregla sin una subida del 30% o del 40% para no generar un agujero mayor, así también lindezas como esta: Al final, el negocio internacional es el que salva nuestra cuenta de resultados. Cuando no deja de ser una mentira detrás de otra, las inversiones internacionales, sobre todo en Sudamérica, han sido financiadas con el expolio de la tarifa nacional. Así y todo el lobby de las eléctricas asegura que se trata de un mal negocio y que los balances contables están construidos en el aire: El beneficio no corresponde a flujos de caja reales, son contables, y que el esplendoroso déficit tarifario supone cinco veces su beneficio.
¿Si los beneficios son virtuales y no llegan a entrar en caja por qué continúan? ¿No sería oportuno que encaminaran sus pasos por una renacionalización?
De esto ni hablar, de lo que se trata es de chupar de la mamella de la vaca hasta el infinito y lloriquear sin descanso: La realidad es que los beneficios cubren el esfuerzo financiero de la inversión, pero no retribuyen de una manera rentable los costes del capital invertido.
¿Cómo puede ser competitivo este país con una oligarquía que no está dispuesta a ceder en lo más mínimo? ¿Toda la carga tiene que avocarse en las espaldas del españolito? Esto no puede acabar bien, lo ve hasta los que miran al otro lado.
Ha sido de tal magnitud el latrocinio cometido con los ciudadanos del país a través del arma legislativa de incrementar la tarifa eléctrica que, ahora, cuando se desarrollan los efectos de la economía globalizada pueden apreciarse los estragos cometidos en toda su amplitud.
El coste de un KW/h en España respecto a la media de los países más industrializados es impresionante, más de un 40%. Un dato sin confirmar, un ciudadano londinense paga un tercio de lo que paga un español por el recibo de la luz a pesar de las diferencias salariales.
Se ha llegado a inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón nuclear, y un sin fin de dimes y diretes que tratan de ocultar la quiebra técnica de las compañías eléctricas al invertir en centrales nucleares. Si se quiere llegar al fondo de la cuestión es necesario explicar lo ocurrido con un cierto detalle, de lo contrario, en genérico es tan superficial que el potente sistema mediático arrasa con todo y la mentira se consolida. Para ello volvamos algo atrás.
En 1983 el gobierno socialista decidió poner fin a la aventura de construir centrales nucleares en nuestro país. Hasta entonces ya estaban en funcionamiento la de Zorita, que se había conectado a la red en 1968, la de Santa María de Gadoña, en 1971, la central de Almaraz I, y Alrnaraz II, en 1981 y 1983 y también la de Ascó I, en el mismo año. En construcción estaban la central de Cofrentes, que se conecto a la red en 1984, Ascó II, que se conectó en 1985, y ya por último las centrales de Vandellós II y Trillo, que entraron en funcionamiento en 1987 y 1988.
La decisión política de suspender el programa de instalación de centrales nucleares, a la que se llamó "paron nuclear", no levanto ninguna crítica por las empresas concesionarias de las instalaciones, las tradicionales compañías eléctricas. Cualquier otro sector, después de haber invertido miles de millones de pesetas y de estar endeudados hasta las pestañas en divisas, hubiera puesto el grito en cielo por la decisión de unos chicos con chaqueta de pana que habían desembarcado en el Gobierno. Pues no, a las poderosas familias que copaban los consejos de administración de las eléctricas les pareció de maravilla que el gobierno tomara la decisión del paron nuclear.
La razón para que este previsible enfado de los mandamases de la electricidad se transformó en silencio espeso, resultó que la decisión les venia como anillo al dedo.
El maná que iba a representar la energía nuclear para las cuentas de explotación y los balances de las compañías que participaban en el proyecto de nuclearizar España en pos de la modernidad y la energía barata, había sido tan sólo un eslogan de las compañías americanas que vendían las instalaciones. Pero cuando las instalaciones estuvieron en marcha, se pudieron percatar de los altos costes por la derivación de su financiación en divisas, la seguridad, y el almacenamiento de los residuos. Fue entonces cuando se dieron de bruces con la realidad, no eran la panacea de una inversión acertada.
Fueron los consejos de administración de las compañías eléctricas las que tomaron la decisión de producir energía por la vía de la explotación nuclear. Nadie les impulsó, ni forzó a tomar esta decisión, ni tan siquiera fue debatida en ninguna instancia, fue simple y llanamente una decisión empresarial. A mediados de los 70, la fiebre nuclear despertó en los consejos de administración de las eléctricas, coincidiendo con la transición política, por lo que se obviaron las consultas populares que podían entorpecer un negocio de altos vuelos. En definitiva, quienes se equivocaron de lleno fueron los que tomaron la decisión de invertir en un negocio equivocado.
La transición política española, que tanto se alardea, consistió en que el régimen anterior se murió sólo y, en su agonía, se constituyeron unos partidos políticos que, sin una peseta para estructurarse como tales, tuvieron que recurrir a los mecenas tradicionales, las "familias" que controlaban la banca y las eléctricas. Esto fue la transición política española, "tu a lo tuyo y yo a lo mío". Por derivación, tu de dedicas a montar el circo político e institucional y, a nosotros nos dejas los sillones de los consejos de administración.
Al igual que la democracia en el Reino Unido mantuvo los aristócratas con titulo nobiliario en la Cámara de los Lores, en España, la transición mantuvo a las "familias" en los consejos de administración de la banca y las eléctricas.
En su momento ninguno de los consejos de administración asumió nunca el error de gestión que supuso la decisión de invertir miles de millones de pesetas en un programa de instalaciones nucleares que acabaron por destrozar las cuentas de resultados de estas compañías. Ni la menor autocrítica, ni desesperación alguna, ya que su puesto en el consejo de administración no estaba vinculado a una aportación dineraria traducida en acciones propias, sino a la malsana costumbre, bendecida políticamente, de la legitimación hereditaria de la "familia" cuya participación en el capital de la compañía era minima.
Lo más grave del desaguisado nuclear, no es el no haber escuchado ninguna autocrítica por los componentes de los consejos de administración. Lo mas grave es que nadie les ha exigido ninguna responsabilidad por la impericia en la gestión empresarial que ha acabado costando miles de millones de euros. La clase política, sea de la formación que sea, con la careta socialista o con el populismo de la derecha, ha venido configurando leyes y mas leyes para que se acomoden a cubrir por la vía parlamentaria el tremendo agujero provocado por una decisión empresarial que les llevó a la quiebra técnica. El descalabro financiero se convierte en una razón de Estado. Estas "razones" lo permiten y legitiman todo. Para empezar se construye la casa por el tejado, por lo que a la contabilidad se le da la vuelta como a un calcetín.
Primero se asignaba el beneficio que debían recibir los accionistas, ni mucho ni poco, lo suficiente para que no protestaran. A partir de este estadio, se iban asignando partidas que no contemplaban los tremebundos gastos financieros, la devaluación de la moneda al tener que pagar en divisas, las amortizaciones necesarias y todo lo que concernía a los ingredientes del balance contable, que en nada reflejaba la realidad patrimonial de las eléctricas.
Cuando se llego al extremo de que la ingeniería financiera ya no daba más de si, pues el balance contable ya no se lo creía ni tan siquiera el conserje del ministerio, transcendió la alarma a los inversores extranjeros. Estos inversores extranjeros, la banca principalmente, empezaron a preocuparse por la inversión realizada al acreditarse la falta de posibilidades en la reintegración de los préstamos. Entonces el Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, no fuera que el país se quedara sin suministro de energía eléctrica por la quiebra en cadena de los suministradores.
Llegaron entonces las soluciones mágicas. La clase política estaba mas preocupada en quien les iba a financiar la próxima campaña electoral que en exigir responsabilidades a los miembros de los consejos de administración de las eléctricas.
Así, para que ni tan siquiera se tuviera que debatir parlamentariamente, dado que el consenso se suponía, llegó a las páginas del BOE el Real Decreto 441/1986, de 28 de febrero, donde la solución mágica viene por la vía fácil de incrementar la tarifa eléctrica. Su título no lleva a engaño, modificación de las tarifas para la venta de energía eléctrica, y sin perderse en prolegómenos, en su artículo 2º establece que un 3% de la recaudación había de ingresarse en una cuenta intervenida —controlada por el Ministerio de Industria- en Unión Eléctrica S.A. (UNESA), una sociedad anónima inscrita en el registro mercantil, que, como peculiaridad, tiene que es la patronal del sector.
Pero todavía es más peculiar, por inconcebible, el artículo 30 de este inefable Real Decreto donde se especifica la naturaleza del reparto de la cuantiosa cifra que representa una recaudación del 3% sobre la tarifa eléctrica. Está dirigido a aquellas empresas integrantes de la patronal del sector que cumplan las siguientes condiciones: saneamiento con cargo a reservas de los ajustes, salvedades y excepciones destacados en las auditorias correspondientes al ejercicio de 1984, consecuencia de sobre valoraciones de gastos financieros y de personal, menores amortizaciones, diferencias de valoración de préstamos en moneda extranjera y otros conceptos ajustables.
En definitiva, la clase política no encuentra otra manera mejor que la de premiar con una subvención, por la vía del incremento de tarifas, a todas aquellas empresas que ostenten una contabilidad incorrecta. Para que todo sea al revés, empezando por la asignación contable del beneficio al accionista, la solución también va por esta línea. En lugar de castigar, en la medida que le corresponde a cada consejo de administración de las eléctricas, el gobierno las premia por haber llevado a estas sociedades a la quiebra técnica.
Al borrón y cuenta nueva se le llamó "saneamiento", pero como coincidió con el paron nuclear, se extendió a una solución complementaria con un nuevo nombre la "moratoria".
Para legalizar la milonga, como no había cobertura legal se creó un "marco legal y estable" por medio del Real Decreto, el 1538/1987, de 11 de diciembre, que se desarrolló en las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 3 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1995.
Entre pitos y flautas, a los consumidores de energía de este país, la falta de acierto de los mandamases de las eléctricas les viene costando un significado incremento en la tarifa que entre el porcentaje destinado a "stock básico de uranio", y el que comprende la eliminación de la "basura" nuclear, que para hacerlo mas bonito y despistar al personal se le llama "2º ciclo nuclear", el porcentaje se eleva entre el 6% y el 7%. Toda una verdadera fortuna que cada año hace sonar el ring ring de las cajas registradoras de las principales eléctricas.
La forma más efectiva de que errores propios los paguen otros. Puestos ya en el todo vale, la clase política no tuvo inconveniente en resolver el problema de las eléctricas por la vía tarifaria en lugar de aplicarlo a los Presupuestos Generales del Estado –de este delicado asunto hablaré en el próximo post-.
Al mundo de la luz se le otorgó patente de oscuridad, y así la transparencia de las cuentas acabó en un conglomerado normativo, en el que resulta imposible enterarse de lo que se determina, al apoyarse en un lenguaje encriptado que ni los expertos entienden. Lo que se pretendía ha tomado cuerpo, la Intervención General de la Administración del Estado nunca ha podido fiscalizar el debido uso de estos fondos, por lo que tampoco ha podido intervenir el Tribunal de Cuentas, quedando todos contentos. Los políticos podrán tener garantizada la financiación de sus partidos y demás prebendas, y los eléctricos al estar enchufados al maná de la tarifa.
Para finalizar este post tan sólo poner en evidencia que estos oligarcas cuando les ha convenido, se le ha dicho al ciudadano de a pie que el suministro de energía eléctrica es un servicio público. Bajo este postulado se han construido pantanos, desalojando de sus casas a sus ocupantes, pagándoles cuatro duros por sus tierras, y resignados todos por el bien común, nos hemos dejado nuclearizar el país en pos de la energía barata.
Las consecuencias del llamado servicio público son irreversibles, el sistema ya se las ha cobrado, humildes campesinos han aportado su contribución a la producción eléctrica con sus menguados patrimonios. Al resto de los de a pie se nos ha impuesto el riesgo de un percance nuclear que ahí esta. –Reservo una sorpresa a los seguidores del blog en el post número 4 de esta serie-
Cuando así están las cosas llega la modernidad, la privatización, la liberalización del mercado y la plasmación normativa del acuerdo entre el Gobierno y el sector eléctrico en formato de protocolo, donde se dispone que el suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público "por su progresiva pérdida de transcendencia en la practica" así, literal, que: todo lo exprimido ya esta exprimido.
La definición de servicio público detestado por las propias eléctricas, era soportado por su efectividad en tiempos remotos del Decreto de 12 de abril de 1924, reiterado en e1 Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 1954 y, sobretodo, con la propia Ley 10/ 1966, de Expropiación forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y, ya tímidamente definido, en la Ley 49/1984 del 26 de diciembre sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional.
Los nuevos tiempos traen nuevos conceptos. Ahora se le bautiza como"servicio de interés económico general" que, traducido al idioma del ciudadano de a pie, quiere decir todo lo contrario, "que estamos al servicio del interés económico privado".
Prueba de ello es quo nos achicharran con impuestos tarifarios y, si nos descuidamos, nos facturaran a portes debidos el envío de los residuos radioactivos para que los almacenemos debajo de la cama.
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