La recompra de las preferentes de los inversores mayoristas supuso un desembolso en metálico cercano a los 900 millones, dejando la entidad financiera con escasa liquidez sólo seis meses antes de que la entidad financiera fuera rescatada con fondos públicos. Los minoristas quedaron atrapados.
Un documento del Banco de España de 2011 y entregado a la Audiencia Nacional se va a convertir en caballo de batalla en el caso de Bankia. El informe autoriza la recompra en metálico preferentes a los grandes inversores financieros a seis meses del rescate de la entidad. Pero nadie hizo esta misma oferta a los clientes particulares, que quedaron atrapados con 3.246 millones, en el caso de Caja Madrid.
El informe del Banco de España tiene fecha de 25 de noviembre de 2011. En él se autoriza a las entidades que conforman Bankia a comprar en metálico preferentes y deuda subordinada que había sido colocada a los llamados inversores institucionales. El desembolso supuso un pago en metálico de casi 900 millones de euros. El 9 de mayo de 2012 la entidad fue rescatada. Habían transcurrido sólo seis meses después.
Juan Ignacio Moreno Yaguë, abogado y candidato a las europeas por el Partido X, es quien lleva la acusación particular del #15MpaRato y ha localizado este documento entre los informes entregados a la Audiencia Nacional. Denuncia que esta recompra en metálico benefició a los mayoristas profesionales —las entidades financieras, los grandes fondos de inversión y los tiburones financieros—, pero no se incluyó a los clientes minoristas, a los particulares. La amortización tenía un descuento que rondaba el 30% sobre el valor nominal, pero ha resultado ser la mejor de las opciones que se han ofrecido en este caso.Este documento será utilizado por la acusación para intentar demostrar el "fraude" en la colocación de preferentes de Caja Madrid en la pieza separada abierta en el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.
Moreno asemeja este proceder al delito de insolvencia punible en un concurso de acreedores. Esto es, favorecer a unos acreedores frente a otros en vez de tratarlos a todos en igualdad de condiciones a las puertas de un concurso de acreedores, como exige la ley. A su entender, Bankia utilizó esta recompra para despejar las dudas que había entonces entre los grandes fondos respecto al futuro de la entidad. Sin embargo, el 96,2% de las preferentes emitidas en 2009 habían sido colocadas por Caja Madrid entre consumidores y no entre los profesionales, según ha reconocido ante el juzgado Carlos Stilianopoulos, presidente de la filial creada para colocar estos productos (Caja Madrid Finance Preferred).
El informe del Banco de España favorable a la recompra anticipada a los inversores institucionales está firmado por Pedro González, director de Supervisión del Banco de España, y por José Antonio Gracia Saz, jefe de grupo de los inspectores. En él se hace constar que las cajas que componen Banco Financiero y de Ahorros (la matriz creada para la fusión de siete cajas de ahorros) han solicitado la recompra anticipada de 16 emisiones de deuda subordinada y 4 emisiones de preferentes —emitidas por Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja de Segovia y Caja de Ahorros de La Rioja— por un importe nominal de 3.068 millones de euros (2.902 eran de deuda subordinada y 166 millones de emisiones y de participaciones preferentes). La recompra "está dirigida exclusivamente a inversores institucionales".
El procedimiento utilizado fue el conocido como "subasta holandesa impropia", en el que el BFA se reservaba el importe y el precio máximo a aceptar. El pago máximo sería del 75% y el desembolso en metálico, tras el descuento, suponía 860 millones de euros. El Banco de España autoriza la operación siempre y cuando se proceda a su amortización.
La acusación particular ha solicitado ante el juzgado que Bankia entregue todos los correos de la cúpula directiva de Caja Madrid de entonces para conocer el expediente de esta recompra. El juez instructor, Fernando Andreu, se ha negado a incorporar a la causa los correos de Miguel Blesa, el entonces presidente de Caja Madrid. Sin embargo, la acusación de #15MpaRato solicita los correos del resto de la dirección de la Caja al entender que deben estar a disposición del Banco de España para su supervisión. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, esta acusación particular solicita también que vuelva a declarar el entonces Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Test de conveniencia
Además, presentan documentación para probar los errores en el reconocimiento e identificación de las cuentas de los particulares que adquirieron preferentes y la falta de respaldo de la compra-venta de preferentes en los mercados de capitales.
El perfil del cliente escogido en la colocación de preferentes y su conocimiento del riesgo es clave en este caso. Una directiva europea (la directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, Mifid, de 2004) obliga a los bancos a dar el mayor grado de protección a los clientes minoristas, a ofrecerles información clara y precisa, y a someterlos a Test de Conveniencia para determinar si comprenden y están capacitados para suscribir un producto financiero complejo, como son las preferentes o los swaps.
La venta de preferentes de Caja Madrid en 2009 se produjo un año después de que entrara en vigor en España esa directiva europea.
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