Ahora bien, los pertenecientes a este movimiento, que sin duda es muy heterogéneo, juntándose las churras con las merinas, no disponen de una ideología propia, sino que lo que les une se basa sobre todo en los sentimientos o las emociones más que en la razón. Pero si hubiese que buscar un nexo de unión entre todos ellos sería el de existir un descontento general, el de no tolerar cómo se viene haciendo la política entre nosotros.
Sea lo que fuere, nuestra intención, con las propuestas que formulamos aquí, no sólo se dirigen a los políticos, que son los que tendrían que llevarlas a cabo, sino también a todos los electores para que puedan reflexionar por sí mismos en unas elecciones que serán las más importantes de nuestra democracia.
Todos reconocemos el enorme error que cometió el presidente Zapatero al haber anunciado, unos meses antes, su propósito de disolver las Cortes el 27 de septiembre para celebrar las elecciones generales el 20 de noviembre. Este hecho insólito cobra aún más gravedad debido a que la situación financiera y económica de España exigía un Gobierno fuerte que tomase las medidas decisivas que exigía la superación de la crisis. Por el contrario, su anuncio, acompañado de su renuncia a presentarse por tercera vez a las elecciones, ha supuesto que durante los últimos meses España ha tenido que sufrir una bicefalia en el Gobierno que no favorecía en absoluto nuestra posición en Europa.
El próximo Gobierno, seguramente presidido por Mariano Rajoy, tendrá ante sí una tarea propia de un coloso. No se trata sólo de tomar las medidas oportunas para que España salga lo antes posible de una crisis económica que nos ha llevado a la pavorosa cifra de cinco millones de parados.
Se trata de mucho más. Si quisiéramos decirlo en pocas palabras, la tarea con la que se enfrentará el nuevo Gobierno, no es ni más ni menos que la de «reconstruir el Estado». O, dicho de otra manera, volver a los primeros inicios de nuestro régimen constitucional, para reformar todo aquello que en los últimos tiempos el errático camino seguido ha demostrado que es urgentemente reformar.
Sin duda alguna, el problema político más grave, al margen naturalmente de la situación económica, es la crisis de nuestro llamado Estado de las Autonomías. El enorme error que significó la aprobación del Estatuto catalán, seguido de otros Estatutos de nueva generación, además de las presuntas conversaciones con ETA, han demostrado ya que se ha convertido este Estado en una especie de entelequia que no puede funcionar. El enorme déficit que han ido acumulando las diversas comunidades autónomas, nos señala que es necesario y urgente utilizar el bisturí.
Pero cuando hablo de bisturí, me estoy refiriendo esencialmente a la indispensable y urgente reforma de la Constitución. Muchos opinan que no haría falta tocar la Constitución, para poder aplicar medidas apropiadas con objeto de restablecer la fortaleza de nuestro Estado. Sin embargo, se equivocan, porque la crisis política que sufrimos exige un nuevo replanteamiento de nuestras instituciones, lo que podría llevarnos incluso a una etapa semiconstituyente, en la que habría que modificar numerosos artículos de nuestra Norma Fundamental.
Evidentemente, esta ciclópea tarea exigiría ineludiblemente una mayoría absoluta del PP. Pero no sólo eso, puesto que algunas de las reformas que proponemos en nuestro periódico, reclaman también un pacto de Estado, al menos entre los dos grandes partidos nacionales.
Pues bien, a modo de ejemplo, citaré algunas de las propuestas que proponemos, como exigencias mínimas para evitar la debacle. Así las cosas, reivindicamos unas competencias indelegables del Estado, que hoy, en muchos casos, las ejercen de forma inconstitucional, las comunidades autónomas.
Del mismo modo, es evidente que España no puede mantener 17 micro-Estados, con todo lo que ello supone. Existe un número desbordado de funcionarios, diputados autonómicos, empresas públicas y organismos regionales, que no hacen sino duplicar los que ya existen en el Estado central. Se necesita, por decirlo así, un adelgazamiento radical de nuestro Estado, lo cual implica igualmente que se trate de reducir el número excesivo de municipios y, en algún caso, de provincias o comunidades autónomas.
Todo ello requiere, como vengo insistiendo constantemente, una necesaria reforma de la Constitución.
Otro de los temas urgentes en lo que se refiere a nuestra estructura constitucional, es el de adoptar un sistema electoral más justo y equitativo. EL MUNDO es partidario de adoptar un sistema parecido al alemán en el Congreso de los Diputados. Lo cual requeriría aumentar el número de los mismos a 400, tal y como permite la Constitución. Sin embargo, algunos miembros del PP, en aras de reducir gastos, han llegado a afirmar que habría que reducir el número de diputados. Semejante propuesta sería completamente absurda, porque la fórmula de representación proporcional que exige el artículo 68 de la Constitución, no serviría de nada, puesto que para que haya proporcionalidad entre los diversos
partidos, tiene que haber un número mínimo de diputados en cada circunscripción electoral.
Si realmente lo que desean es reducir el número de parlamentarios, para disminuir costes, donde hay que meter las tijeras es en el Senado.
Otro de los problemas que requiere urgentemente la reforma en algunos aspectos es lo referente al Poder Judicial. Este poder es, de los tres poderes clásicos del Estado, el que articula jurídicamente nuestro sistema político tan descentralizado, pero para ello no se puede permitir que existan órganos de gobierno del poder judicial en cada comunidad. Igualmente habría que reformar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de los magistrados del Tribunal Constitucional, si es que no queremos que sea un órgano indignamente politizado como ocurre ahora.
En igual sentido, hay que adoptar otro sistema de elección del Fiscal General del Estado, que hasta hoy ha sido el comisario político del Gobierno de turno. Para ello hay que acabar con las cuotas de los partidos políticos en lo que se refiere a los nombramientos y garantizar la democracia interna de los mismos.
Otra de las características que han venido definiendo a nuestro régimen constitucional es que los partidos políticos se han convertido en unos artefactos que están en todas partes y que impiden la actuación directa de los ciudadanos. Nuestra democracia se va convirtiendo cada vez más en una «democracia sin el pueblo». De ahí que sería necesario establecer algunos cauces para que el pueblo fuese protagonista y no víctima de las oligarquías partidistas.
Reformas, como la que proponemos del artículo 87 de la Constitución, para hacer realidad la llamada iniciativa popular, esto es, la posibilidad de que el pueblo pueda presentar, mediante un número determinado de firmas, proposiciones de ley, son las que desean los ciudadanos. En el mismo sentido, el elector debería poder impedir que personas que se hallen imputadas o, más simplemente, que no dispongan de la confianza de los electores, puedan ser incluidas en las listas electorales.
Pero no todas las reformas que proponemos se dirigen a mejorar el funcionamiento institucional de nuestro Estado, sino que hay otras muchas que se encaminan a lograr una vida más digna de los ciudadanos, en unos momentos en que la crisis económica está arramplando con las esperanzas de muchas personas. Por eso, la mejor manera de atajar la mala navegación del Estado es la que ofrecen las elecciones. Ahora cada elector es soberano, al menos un instante, en el momento de depositar su papeleta en la urna.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO
IDEAS PARA UN TIEMPO MEJOR
«EL MUNDO en sus manos». Ese eslogan con el que nació nuestro periódico hace más de 20 años es la filosofía que nos ha inspirado para elaborar las 100 Propuestas para defender y fortalecer la democracia.
La redacción definitiva que presentamos hoy en este cuadernillo es el fruto de la participación de nuestros lectores a través de elmundo.es, de Twitter y de las cartas al director. Nuestras expectativas han quedado sobrepasadas ya que varios miles de ciudadanos nos han enviado comentarios, críticas y propuestas alternativas. Las hemos considerado todas, pero hemos incorporado aquellas que se ajustan a nuestro ideario y nuestro proyecto intelectual. Proponemos a nuestros lectores el ejercicio de confrontar las 100 Propuestas con el programa de los partidos políticos que concurren a estas elecciones.
La primera parte de nuestro trabajo está focalizada en el modelo de Estado y las reformas políticas que consideramos necesarias.
Proponemos básicamente un consenso entre el PSOE y el PP para impulsar una modificación constitucional que responda a los graves problemas que tiene planteados España. Ello pasa a nuestro juicio por un cambio en el sistema electoral.
Igualmente incluimos propuestas en relación a la regeneración de las prácticas políticas y a la lucha contra la corrupción.
En el terreno de la Justicia, las medidas apuntan a la consolidación de un poder judicial independiente.
El tercer capítulo está dedicado a las iniciativas de impulso económico, que son especialmente importantes en una situación de crisis como la que vivimos.
Defendemos la puesta en marcha de un gobierno económico europeo, políticas de recorte del gasto público y una armonización fiscal con la UE.
En materia de energía, somos partidarios de poner fin a la moratoria nuclear.
En política exterior, apostamos por un gran pacto entre los partidos, haciendo énfasis en que los objetivos de nuestra diplomacia deben ser siempre respetuosos con la defensa de los derechos humanos.
Hay también propuestas en materia de educación, sanidad, urbanismo, medio ambiente, medios de comunicación y cultura. Todas ellas son nuestra respuesta a esa crisis que está poniendo en peligro el Estado del Bienestar y que ha suscitado movimientos de protesta popular. Son medidas concretas y viables que reflejan el pluralismo de la sociedad española y que pretender ser para los ciudadanos un compromiso y una guía es estos tiempos difíciles, partiendo de la convicción de que los males de España tienen solución
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